En una decisión significativa emitida el 6 de junio de 2025, la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB, por sus siglas en inglés) determinó que los apelantes no pueden hacer referencia a argumentos presentados durante el proceso de tramitación en sus escritos de apelación. Este fallo precedentes en Princeton Equity Group LLC v. USPTO subraya un requisito procesal de larga data.
El caso involucró el intento de un solicitante de incorporar por referencia argumentos relativos a la descriptividad geográfica, los cuales habían sido previamente rechazados por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) durante el examen. En la apelación ante la TTAB, el abogado declaró que estaba "repitiendo y reiterando" posiciones legales anteriores sin incluirlas directamente en el escrito. La Junta consideró que este enfoque era insuficiente.
Esta decisión refuerza un principio fundamental: todos los argumentos que impugnen la denegación de un examinador deben incluirse explícitamente en la presentación inicial de la apelación para permanecer preservados para la revisión de la TTAB. Según la Junta, la incorporación por referencia no constituye una renuncia, sino que resulta en la pérdida de dichas posiciones legales específicas.
La decisión ofrece información práctica sobre dos aspectos críticos del derecho de marcas.
- Posibilidad de confusión: El caso destaca el escrutinio en torno a las marcas que pueden generar confusión con marcas existentes o ser engañosas debido a un lenguaje descriptivo. Es esencial una exposición exhaustiva sobre cada fundamento de denegación.
El seguimiento minucioso de todos los procedimientos relacionados con las marcas de los clientes también es primordial para los abogados especializados en marcas. Deben garantizar una visibilidad completa de posibles conflictos y acciones legales relacionadas en diversas jurisdicciones.
El énfasis en la presentación directa subraya la importancia que las empresas otorgan al acceso claro e inmediato a datos de monitoreo respecto a sus marcas. Dichas herramientas facilitan estrategias de defensa proactiva contra reclamaciones por infracción, al permitir la identificación temprana de conflictos antes de que lleguen a etapas de apelación.